Se hizo esperar y mucho. Pero la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña sobre la catástrofe del 'Prestige', la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental, no pone aún un punto final a una instrucción judicial que se prolongó durante nueve años y un juicio que duró tanto como un embarazo. Habrá recursos. La principal cuestión que se dirime es quién paga, penal y pecuniariamente, los gastos que ocasionó la catástrofe, que la fiscalía ha calculado en 4.121 millones de euros. Depende de quién sea condenado y quién declarado responsable civil subsidiario, puede acabar pagando el propio Estado o la aseguradora del buque hundido.
El propio presidente del tribunal, Juan Luís Pía, daba por seguro en julio, nada más declarar “visto para sentencia”, que el caso llegará hasta el Supremo. Y las más de dos mil partes personadas, representadas por medio centenar largo de abogados, deberán iniciar los trámites para reclamar responsabilidades civiles en función de los hechos que este fallo penal determine como “probados”. Eso sin contar, también en la lista de pendientes y segundas partes de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, las 10.000 toneladas de residuos tóxicos que la Xunta mantiene almacenadas, a la espera de conseguir el dinero, 1,27 millones de euros, que requiere su tratamiento.
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